La violencia ha desarraigado a casi 250.000 personas en ese país. Una nueva legislación contempla su protección frente a lastres como el reclutamiento forzado y la explotación infantil, además de su reintegración a la educación y los programas de salud. El máximo funcionario para los refugiados aplaude la normativa como un paso para devolverle la dignidad y los derechos a los desplazados. |
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