Las protestas por el coste de la vida, la vivienda y el deterioro de los servicios públicos se extienden por Francia, Bélgica, Italia, Albania y Portugal, con más de 2400 detenidos en Francia, cerca de 200 en Bélgica y 55 en Portugal. El alto comisionado para los derechos humanos condena los actos de violencia y vandalismo, pero advierte de que le preocupan "los informes sobre un uso innecesario y excesivo de la fuerza contra manifestantes, incluidos niños".
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