La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos insta al Gobierno a restablecer “urgentemente los derechos y las libertades públicas y el Estado de Derecho imparcial”, y también a adaptar “plenamente su legislación nacional a las normas internacionales de derechos humanos. Nicaragua niega las acusaciones y las califica de “una repetición de noticias alejadas de la verdadera realidad”.
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