Un grupo de especialistas en derechos humanos indican que “la prisión preventiva oficiosa es contraria a las garantías internacionales de protección de derechos humanos”. El artículo 19 de la Constitución mexicana obliga a los jueces a imponer este tipo de detención a todas las personas acusadas de determinados delitos, una circunstancia que, en opinión de los expertos, conduce a “múltiples violaciones de sus derechos humanos, como la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley”. |
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