La Oficina que dirige Michelle Bachelet considera urgente reforzar la presencia del Estado en todo el territorio y constata que 2021 volvió a ser un año muy violento con centenares de muertes y asesinatos entre defensores de derechos humanos, excombatientes y civiles que participaban en protestas de carácter social. Además, alrededor de 72.000 personas fueron desplazadas.
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