Las autoridades españolas debían garantizar los derechos humanos de personas que en ese momento se encontraban bajo su jurisdicción al estar en el patrullero Río Tajo de la Guardia Civil, tal y como dicta el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Sin embargo, el Gobierno ignoró el llamamiento hecho por varias organizaciones, entre ellas CEAR, y ordenó el traslado de estas personas a Senegal, un país que sufre una enorme inestabilidad sociopolítica, lo que podría poner en grave riesgo a estas personas.
En el segundo aniversario de la vuelta al poder del régimen talibán, CEAR recuerda que muchas personas siguen atrapadas en el país asiático y sufren innumerables amenazas. Las mujeres y las niñashan sido sistemáticamente excluidas de la vida pública, y privadas de sus derechos humanos y libertades.
"No podemos seguir consintiendo miles de muertes evitables en las fronteras de Europa". Esta es la principal premisa de la carta que hemos enviado desde CEAR para que España lidere, durante su presidencia del Consejo de la UE, un futuro Pacto de Migración y Asilo centrado en las personas y en los derechos.
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